Afirma tus derechos, firma contra el copago

La iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas de las Administraciones sociales que en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia.

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Noticia

9 Octubre

30.000 castellonenses firman ya por la ley estatal contra el copago

Un total de 30.000 castellonenses, el doble de los 15.000 que se habían fijado como objetivo, han firmado ya para hacer posible la presentación ante el Congreso de los Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue acabar con el copago “confiscatorio” en la dependencia en todo el Estado.

El portavoz en Castellón de la organización que puso en marcha este proyecto a principios de año, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en Castellón, Miguel Benages, informó de que, independientemente de que en la Comunitat Valenciana el nuevo gobierno autonómico se ha comprometido a eliminar la tasa del copago a partir del próximo enero, se mantiene en pie el objetivo de contar con una ley estatal que erradique los abusos a la dependencia en toda España.

Benages explicó que, “teniendo en cuenta que la recogida de firmas comenzó antes del verano y que en noviembre hay elecciones generales, el Cermi ha decidido alargar el periodo de petición de apoyos, que en principio acababa el 31 de octubre, para ver si podemos doblar también en el Estado, y alcanzar el millón de rúbricas para tener mucha más fuerza”.

El portavoz del Cermi en Castellón añadió que incrementar tanto la cifra de respaldos ayuda a asegurarse la ILP, aunque se refutara la validez de algunos.

La iniciativa de la discapacidad propone modificar dos artículos, uno para ampliar los factores que determinan la renta, añadiendo a la edad, el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida.

Y otro, para que se establezca la exención de la aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica, y que proponen que sea 2,5 veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y la participación se debería fijar en un máximo del 60% del precio del coste del servicio. Igualmente, establecería la seguridad de un mínimo para gastos personales que no sería inferior a una proporción del 40% de la capacidad económica del dependiente.